Tras el requerimiento realizado, el pasado 20 de junio, por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento para que procediera a revisar las Ordenanzas de las Bolsas de Trabajo, aprobadas el 3 de noviembre de 2015, por entender que eran contrarias a la normativa vigente, al resultar evidente que dichas Ordenanzas aprobadas vulneran derechos fundamentales de la Constitución Española, tales como el art. 14 (“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”) y el art. 23.2 (“Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”; esto obligará al equipo de gobierno a revisarlas, tal como se le venía requiriendo desde la oposición.
Es claro, por tanto, que al adolecer la Ordenanzas de las bolsas de trabajo aprobadas el 3 de noviembre de 2015 de un vicio de nulidad absoluta (art 62.1.a Ley 30/92) procede –como reiteradamente ha manifestado la jurisprudencia, el Defensor del Pueblo y la propia Subdelegación del Gobierno- una revisión de oficio de las citadas bolsas , conforme al procedimiento previsto en el art 102 de Ley 30/92 y ello dado que el Ayuntamiento está obligado a revisar de oficio sus actos administrativos que adolezcan de vicios de nulidad, .; resultando de este modo no ajustado a derecho pretender sustituir dicha procedimiento de revisión de oficio por “una modificación puntual de su texto con objetivo de conseguir un mejor funcionamiento en el desarrollo de todos los procesos selectivos”, como pretende el equipo de gobierno , enmascarando así el vicio de nulidad de que adolecen las Ordenanzas.
Pero además, resulta evidente que la propia gestión de las bolsas por la Delegación de Personal encabezada por el Sr. Daniel Manrique ha incumplido los artículos 3, 7 y 19 propuestos por él mismo, lo que ha generado un malestar muy importante entre los vecinos de Rota demandantes de un empleo.
Los artículos 3 y 7 por haber excluido en su gestión a los funcionarios públicos de carrera y haberlas encomendado al personal eventual de confianza miembros del PSOE de Rota que tiene a su disposición el Sr. Manrique en su despacho de Plaza España, alejándose de criterios objetivos y la supervisión que requiere las bases aprobadas, contaminando los procedimientos realizados. Tanto es así que la No aplicación del artículo 19 de la ordenanza propuesta por el equipo de gobierno y aprobada en el pasado Pleno del 31 de agosto para las bolsas, evidencia claramente el objetivo de prescindir de la participación de cualquier funcionario de carrera especializado y nuevamente dejarlo en manos del personal de confianza nombrados por el partido.
El artículo 19 dice con claridad.- “La Baremación de la bolsa se llevara a cabo a través de una comisión creada al efecto por los servicios sociales del ayuntamiento”, delegación que garantizaría aquellos aspectos que definen la emergencia social. La vulneración de estos artículos es la que han obligado en esta ocasión a intervenir a la Subdelegación del Gobierno y requerir al ayuntamiento “Como quiera que ello pudiera suscitar un conflicto legal con la normativa vigente se interesa ampliación de información relativo a la participación del personal eventual de confianza de su Corporación en la gestión de dicha Bolsa de emergencia social. Asimismo, le solicitamos que se nos informe de todos los contratos realizados hasta la fecha en virtud de dicha Bolsa de emergencia social, especificando la duración de los mismos”.
Para Roteños Unidos parece inconcebible que IU y, en su nombre, la Delegada de Servicios Sociales haya renunciado a sus competencias en estas bolsas de emergencia social en favor del PSOE y de D. Daniel Manrique.
Estos son sólo algunos de los aspectos que desde nuestro grupo municipal se vienen poniendo en conocimiento de organismos y administraciones superiores, pues estamos convencidos que estas no son las formas legales de proceder, a la vez que creemos que en este asunto se necesita de un gran acuerdo por parte de todas las fuerzas políticas para que se cumplan con rigurosidad los objetivos de transparencia real en los procedimientos, tal como se comprometió el alcalde y alejarse de utilizar personas del partido y métodos que son incompatibles con la transparencia y la legalidad.
Asimismo le piden al resto de concejales del equipo de gobierno integrado por PSOE e IU, que se informen de los puntos que aprueban en el pleno, pues su voto positivo a sabiendas de reparos de legalidad en los informes de los técnicos municipales y las dudas razonables que se generan ante la petición de información o advertencias de legalidad de administraciones y organismos superiores de los cuales todos deberían de tener conocimiento, pudieran generarles consecuencias.
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